Para trabajar en el aula - Democracia y rol del Estado en las políticas de la memoria en Argentina, 1983 – 2013

Asignatura: “Formación para la Vida y el Trabajo”

Autor: Lic. Gonzalo Pedano                                                           

La recuperación de la Democracia en Argentina, al igual que lo sucedido en otros países hermanos de América Latina, no resultó un proceso fácil. Podemos decir que todos los países latinoamericanos se encontraron con un mismo hecho ante el retorno de los gobiernos democráticos, esto es, las terribles violaciones a los Derechos Humanos cometidas por las distintas dictaduras del Cono Sur. Sin embargo, ninguno de ellos reaccionó de la misma manera ante las  mismas. El propósito de este artículo es detallar algunos aspectos de las políticas de la memoria elaboradas por el Estado argentino desde el retorno de la democracia (1983) hasta la actualidad.

En primer lugar, es importante tener presente que cuando hablamos de memoria hacemos referencia a procesos de reconstrucción de sentidos y significados sobre el pasado y, en este caso en particular, sobre un pasado reciente de carácter traumático por las violaciones cometidas. Esa reconstrucción de sentidos y significados es elaborada no sólo por individuos, sino principalmente por diferentes organizaciones sociales, partidos, sindicatos o por el propio Estado. Determinar cuáles han sido las principales políticas de la memoria elaboradas por el Estado argentino implica no sólo establecer la serie de medidas aplicadas al respecto a lo largo del tiempo, sino también las ideas o representaciones que le dieron sustento a las mismas.

De esta forma, es posible sostener la existencia de dos grandes políticas de la memoria en nuestro país desde 1983 a la actualidad: la política amparada en la así llamada “hipótesis de los dos demonios” y la política amparada en la consigna “Memoria, Verdad y Justicia”. La primera de las políticas mencionadas fue elaborada durante el gobierno de Raúl Alfonsín y continuó durante el gobierno de los ex presidentes Carlos Saúl Menem y Fernando De la Rua, lo cual implica un período histórico que va desde el año 1983 hasta el 2003 aproximadamente. La misma se caracteriza por sostener que la sociedad argentina durante la década del ’70 fue la víctima de dos “terrorismos”: el “terrorismo de derecha o parapolicial” o “terrorismo militar”, ejecutado por la Fuerzas de Seguridad, y  el “terrorismo de izquierda”, ejecutado por las distintas organizaciones guerrilleras de nuestro país.

Según esta concepción, son estos dos “terrorismos” los causantes de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Argentina. Bajo esta concepción se adoptaron una serie de medidas concretas: la creación de la Comisión Nacional de Desaparición Forzada de Personas (CONADEP), el registro de denuncias sobre personas secuestradas, desaparecidas y torturadas, los juicios a la cúpulas militares y guerrilleras, los indultos a ambas sancionados con posterioridad a la realización de los primeros juicios y las así llamadas leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final”.Es importante remarcar que este conjunto de medidas concretas se vinculan con una representación e interpretación de lo sucedido en nuestro país durante la década del ’70, que se expresa en conceptos, ideas y marcos de sentido elaborados desde el propio Estado argentino.

La segunda de las políticas estatales de la memoria mencionadas, comenzó a ser desarrollada a partir del gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003 y es continuada en la actualidad por Cristina Fernández de Kirchner. Se caracteriza por sostener que no existieron “dos terrorismos”, sino que existió uno sólo: el Terrorismo de Estado. Fue el Estado argentino el principal responsable de los crímenes realizados y, por ende, el principal actor a implementar las políticas de “Memoria, Verdad y Justicia” que venían reclamando distintos organismos de DD. HH. (Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S.) desde hacía varios años. En esta nueva etapa, las históricas consignas de los organismos de DD.HH., que habían permanecido insatisfechas con la sanción de las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final”, se convierten en políticas de Estado. Esta nueva reconstrucción de sentidos sobre lo sucedido, se expresó en medidas concretas tales como: Nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, reapertura de causas judiciales y condenas en cárcel común para los genocidas, creación de Centros Culturales de la Memoria en las instalaciones de lo que habían sido importantes Centros Clandestinos de Detención, declaración del 24 de marzo como “Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia”, elaboración de programas y contenidos educativos incorporados a la currícula de nivel primario y secundario de todas las Escuelas del país. 

Las representaciones y sentidos de lo sucedido en la historia reciente de nuestro país, fueron construidas por el Estado argentino desde estas dos grandes perspectivas mencionadas anteriormente a grandes rasgos. Todo lo cual implica considerar, entre otros aspectos, que la memoria de lo sucedido es también un terreno en disputa, es decir, no sólo es importante tener presente qué se recuerda, sino también quiénes lo hacen y de qué forma.